Nacional / Jueves 26 de Mayo, 2005
En su informe anual 2005, Amnistía Internacional (AI) reprobó a México una vez más en materia de derechos humanos y lo ubicó como uno de los países con mayor índice de delincuencia y secuestros. También señaló que dentro de los gobiernos americanos el recurso de los derechos humanos "fue una utopía" y el Estado mexicano le jugó chueco a las garantías individuales.
En el Club de Periodistas la presidenta de Amnistía Internacional México, Liliana Velásquez, presentó el informe 2005 del organismo mundial humanitario e indicó que paralelamente también los estados de Jalisco y Querétaro lo expusieron. No obstante manifestó su preocupación por la ola de violencia que se ha incrementado en la república.
Por su parte el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Carlos Mario Gómez, afirmó que el Estado mexicano "le está jugando chueco" a los derechos humanos en el país y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que suscribió hace más de 60 años.
El defensor de AI capítulo México aseveró que especialmente en los estados de Chihuahua, Guerrero y Jalisco se transgreden los derechos de las personas, además de que varios defensores de derechos humanos fueron amenazados y tres periodistas asesinados.
Recalcó asimismo que no se logró más que un proceso limitado en el procesamiento de personas que han cometido violaciones a los derechos humanos en el pasado y la violencia política acompañó a las elecciones locales en varias entidades federativas.
En la sección de países, prosiguió, el apartado de México evidenció incremento de inestabilidad institucional, violencia política y bandas delictivas ligadas al narcotráfico. De igual forma la privación de la libertad reflejó el crecimiento de las tasas delictivas en las ciudades mexicanas, expuso.
Citó a México entre países como Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y Paraguay, donde, afirmó, se difuminó la distinción entre la misión del ejército y la de la policía, utilizando fuerzas militares para combatir la delincuencia y la agitación social.
No obstante precisó que en esas naciones "el respeto de los derechos humanos sigue siendo una utopía para muchas personas, pues los gobiernos no cumplieron su compromiso" de mantenerlos.
También denunció la connivencia de gobiernos con grupos armados irregulares y la persistencia del coctel corrupción-pobreza-tortura.
Al dar a conocer su informe 2005, titulado "La situación de los derechos humanos en el mundo", apuntó que en territorio mexicano se cometen aún asesinatos de mujeres y periodistas, persisten la tortura y las detenciones arbitrarias y los cuerpos policiacos aplican malos tratos a los detenidos, sobre todo en la provincia.
Amnistía Internacional también citó el caso de Felipe Arreaga, activista ambiental que llevaba largo tiempo en su labor en las montañas de Petatlán, Guerrero, quien fue detenido y acusado del asesinato del hijo de un jefe político local (cacique), cometido en 1998.
El organismo internacional puntualizó que, aun cuando Felipe presentó pruebas que demostraban su inocencia, permaneció bajo custodia, pues los testigos de cargo no comparecieron ante el tribunal y las autoridades no combatieron estas prácticas de manera efectiva ni garantizaron que Arreaga obtuviese reparación judicial.
Por tanto, marcó que se continuó abusando del sistema judicial y se reflejó la falta de imparcialidad de la Procuraduría de justicia guerrerense, que tuvo un procesamiento injusto y malicioso.
Refirió que el gobernador de Guerrero y un jefe militar de alto grado hicieron acusaciones carentes de fundamento contra las organizaciones de derechos humanos, con el propósito de socavar la legitimidad del trabajo de éstas.
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