ACTA DIURNA
Spotización es como le pongo. Y en ese calificativo creo que me apoyarían algunos de los que suelen inventar palabras: el comediante Güiri Güiri, el inculto –como lo califican los intelectuales- del ex presidente Vicente Fox Quesada, el gris –como lo perciben los reporteros- del ex coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Santiago Creel Miranda, o muchos otros personajes, sobre todo políticos que no quiero mencionar.
La spotización es una guerra que se desató –no apenas, sino desde que se propuso y luego se aprobó la llamada Reforma a la Ley de Medios- entre los medios de comunicación electrónicos, los partidos políticos, el Congreso de la Unión, y el Instituto Federal Electoral (IFE).
La spotización no sólo es de mareo o de un dolor de cabeza, es de vómito libre y directo, pues preocupante es:
Que el Estado haya sido rebasado por el duopolio Televisa-TV Azteca. Y no haga nada por darles un estate quieto.
Que los multimillonarios Emilio Azcarraga Jean y Ricardo Salinas Pliego reten de manera atrevida y maliciosa a los gobernantes, y de paso les vean la cara de penitentes a sus televidentes.
Que el reglamento de Radio y Televisión aprobado por los propios consejeros del IFE (desde julio del año pasado, donde se suscribe que los spots de los partidos políticos en tiempos electorales no interrumpirán transmisiones que se consideren extraordinarias, como el caso de conciertos, eventos deportivos y transmisiones especiales de índole noticioso) sea violado como una mujer pobre de Ciudad Juárez que quedo olvidada en un lote baldío –y claro, nunca se le hizo justicia-.
Que mientras el país se hunde en una de las peores crisis económicas en la historia mundial, haya dos riqui ricones mexicanos, a los que únicamente les interesen sus bolsillos y en venganza contra los que –al regular la ley- les disminuyeron grandes cantidades de dinero –del pueblo- a sus cuentas bancarias, bombardeen de spots políticos a una audiencia que –bien saben- se pondrá como loca al leer esas cortinillas que preceden y finalizan dichos comerciales partidistas y del IFE.
Que una famosa encuestadora (María de las Heras), que contrata muy en especial sus servicios la empresa Televisa, se convierta en la juez de este embrollo mediático-político y publique su veredicto en el periódico Milenio Diario, sosteniendo que el IFE se ha convertido en la agencia de publicidad más grande y costosa del mundo.
Que la Ley Federal Electoral y su reglamento de radio y TV en materia electoral se presten a tantas y encontradas interpretaciones, convirtiéndose en el mejor ejemplo de hermenéutica para los maestros universitarios, y en una especie de tema confuso de actualización periodística que nadie pueda resolver.
Que por culpa de este virus que sufren la telecracia y la partidocracia después de tener relaciones maritales, y ponerse el cuerno con la prostituta del dinero, tengamos que soportar los 24 millones de spots con que se despacharán de aquí al 5 de julio las televisoras.
Que la telecracia ponga en jaque con la torre del voto a la democracia y contribuyan a crear un clima hostil para el desarrollo de las campañas electorales.
Que a los teletubies no se les aplique alguna multa por transmitir, según ellos a orden del IFE y en cumplimiento de las disposiciones del Cofipe, los bloques de tres minutos de spots de partidos políticos y del organismo electoral, interrumpiendo la programación continua.
Que –como escribe José Carreño Carlón- si no hay un pronto pacto de paz, “la nueva escaramuza en la ya larga guerra de desgaste entre el sistema político y el sistema mediático apunta a convertir el previsible abstencionismo electoral de este año en un amplio rechazo de los votantes a los partidos y a la autoridad electoral en las urnas del próximo 5 de julio”.
Que ahora el IFE pretenda censurar espacios como el “Facebook y el “YouTube”, pues dice que se trata de un medio de comunicación en el cual se podría hacer propaganda política. –En lo personal esto no me afecta, pero para los cibernautas empedernidos, entre ellos varios de mis lectores, podría ser una violación a su derecho de navegar en Internet-.
PRESIONES.
La Constitución es clara:
"A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión... entre las seis y las veinticuatro horas" (Art. 41, III. A, a y d). "Los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión... Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible..." (b y c).
Es decir: tres minutos por hora. Y un minuto para los partidos en conjunto. Precisamente para no atosigar a los televidentes con los anuncios. Y distribuidos entre las seis y las 24 horas, para que no se les difundan en los horarios de menor audiencia (después de la media noche).
La ley precisa que se trata de abaratar las campañas manteniendo las condiciones de equidad en la contienda, y no de agredir a los públicos.
Ah, y la nueva ley dispone que las mil 569 emisoras concesionadas de radio y TV deberán destinar gratuitamente 48 minutos diarios distribuidos a lo largo de 18 horas para promocionales de distintos partidos y de contendientes electorales. Hasta el próximo 5 de julio habrán de difundirse 23.4 millones de spots político-electorales.

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