Reprueba ONU a México en materia laboral

Nacional / Domingo 18 de Junio, 2006
En México prevalecen deplorables condiciones de trabajo, bajos salarios y violación a los derechos laborales, en particular de las garantías sindicales, denuncian la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH). A petición del SME y del Sindicato Minero, la ONU envió un grupo de investigadores pertenecientes al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y confirmó que en el país persisten graves violaciones de los derechos laborales. De ellas, la más sobresaliente “es la represión sindical”. Tras recibir los reportes de los especialistas, Naciones Unidas arremetió contra el presidente Vicente Fox, de quien aseguró que “desde que llegó al poder, ha tratado de quitarle cada vez más solidez a las protecciones de la ley laboral”. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, declaró: “Presenté a la ONU un documento en donde señalamos las graves violaciones a la autonomía sindical por parte de nuestro gobierno”. Informó lo anterior en una rueda de prensa celebrada el pasado jueves a la que asistieron gremios independientes como los adheridos a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre ellos los telefonistas, los de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y los mineros. A su vez, el depuesto líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, también presentó una queja ante el organismo internacional defensor de los derechos humanos y otros órganos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, Gómez Urrutia se quejó de persecución política, difamación y violación a la autonomía del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Por su parte, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), afirmó que “en el país no hay una mejora en las condiciones sindicales de seguridad e higiene” y ejemplificó lo ocurrido con la explosión de la mina de carbón Pasta de Conchos en Coahuila, donde quedaron sepultados 65 mineros. En el estudio titulado El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Efectos Sobre los Derechos Humanos, la FIDH, el organismo internacional asegura que “la legislación en México no garantiza la protección adecuada a los sindicalistas”. Considera que México está comprometido a asegurarse que sus leyes laborales protejan suficientemente a los trabajadores y a que dichas leyes sean “efectivamente aplicadas”. “En virtud de los tratados internacionales, el gobierno de México está en la obligación de evitar la violación de los derechos sindicales y de reaccionar apropiadamente, iniciando investigaciones, sanciones e indemnizaciones cuando esos derechos se violen”, subraya la FIDH. Señala que aunque la legislación y la Constitución mexicana contienen importantes protecciones de los derechos humanos en general, y de los derechos laborales que en la práctica, esas protecciones no se hacen efectivas y ni el gobierno ni el sistema judicial o las empresas privadas cumplen las leyes. De igual forma, critica enérgicamente las reformas a la Ley Federal del Trabajo propuestas por el entonces secretario del ramo, Carlos Abascal Carranza, pues aprobarlas “acarrearía consecuencias serias sobre el derecho de huelga”, dice. Y agrega: “Esas reformas no sólo son una continuación de las regulaciones ya existentes que permiten un monopolio de los sindicatos en el lugar de trabajo, sino que también producen aumentos en el número de requisitos burocráticos para cambiar las organizaciones laborales”. Subraya que a las empresas se les permitirán contratar a través de agencias de empleo e indica que ni a la agencia, ni a las empresas se les obligará a pagar la seguridad social o cualquier otro programa para los empleados que hayan sido contratados a través de estas agencias. En consecuencia, la FIDH recomienda a las autoridades del país que reformen la legislación laboral con el fin de asegurar la protección de los trabajadores, y sobre todo de aumentar el monto de los sueldos hasta un nivel que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades. Además sostiene que el gobierno debe promover un mecanismo eficaz e independiente para la protección y la aplicación del derecho laboral, y de asegurarse de la independencia, de la representatividad y de la transparencia de los sindicatos, reitera la FIDH.